El agro chino ha tendido a partir de las reformas económicas y de mercado lanzadas
por Deng Xiaoping en 1978 a garantizar la seguridad alimentaria de su población de
1.440 millones de habitantes –la segunda del mundo después de India-; y por eso
ha tenido una cosecha de 658 millones de toneladas de granos en 2023, que es
el promedio de los resultados de la última década.
Esto ha transformado a la República Popular en la principal productora de granos
del mundo, lo que también se revela en los resultados per cápita (450 kgs de
granos por habitante anualmente).
Este logro extraordinario lo ha obtenido mediante la incentivación a la capacidad de
emprender de los productores agrícolas, que son plenamente libres de trabajar para
sí y sus familias, sobre la premisa de que esta es la fuerza impulsora principal de su
sistema productivo.
Toda la producción agroalimentaria china está en suma, alejada de una visión
burocrática o jerárquica disciplinaria, de arriba para abajo; y es un sistema basado
en los incentivos, ante todo los precios y la plena libertad para emprender y
trabajar.
La única limitación de fondo es que la superficie sembrada está reducida a 120
millones de hectáreas, fijada por ley como defensa ante el avance incesante de la
urbanización, y la necesidad que tienen las autoridades locales de conseguir
recursos, ante todo la superficie agrícola.
El sistema chino es de baja productividad, y asciende sólo a 40% del europeo y
menos de 20% del norteamericano.
La razón estructural de esta escasa productividad es que la unidad producción es
solo de 0.40 de una hectárea en una población rural de 280 millones de
productores, que representa 25 % del total.
La Ley Agrícola china establece que la propiedad de la tierra es pública, pero
que los productores tienen garantizado su uso por un periodo de 50 años o más,
con el agregado que estos atributos legales pueden ser transferidos por sus titulares
si desean abandonar la producción y optan por las tareas urbanas. Un proceso que
es claramente favorecido por el gobierno, acelerando una tendencia de migración
interna que ha hecho que en los últimos 30 años más de 300 millones de
campesinos hayan migrado del campo a las ciudades.
A través de cooperativas y asociaciones, incentivadas por los altos precios, los
productores tienden a volcarse a las actividades frutihortícolas para vender sus
productos en los grandes centros urbanos.
Para eso constituyen cooperativas de elevadas dimensiones, que utilizan en gran
escala capital y tecnología de última generación, recurriendo incluso a los inversores
del exterior. Garantizar el autoabastecimiento alimentario es para China una
cuestión central de seguridad nacional, de la que depende incluso la sobrevivencia
del sistema político.