La discusión entre los diferentes actores de la cadena de granos sobre un nuevo marco
regulatorio sobre semillas volvió a ganar lugar en el campo tras la intención del Gobierno de
avanzar hacia una modernización del mismo con la adhesión al convenio internacional
UPOV 91, tal como lo indica el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos.
Pero las entidades agropecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace, que mantienen un
diálogo fluido y cercano con las autoridades y referentes del gobierno de Javier Milei –
cuando no con el mismísimo Presidente – rechazan esta posibilidad y elevaron una
propuesta al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.
La misma es un proyecto de Ley que llegó a las manos de Iraeta en el marco de la última
edición de Expoagro, la semana pasada en San Nicolás. Allí, las autoridades de la Mesa de
Enlace, sumado a referentes del CREA y de Aapresid, se reunieron con el funcionario
nacional el martes, en un encuentro que no estuvo exento de rispideces entre algunos
participantes.
El nuevo proyecto busca una actualización de la Ley de Semillas sin abandonar UPOV 78,
sino que el objetivo es modernizarlo.
Según indicó la titular de FAA, el esquema presentado “es muy similar al régimen que tiene
hoy Brasil, que tiene Uruguay y todos los países de la región, que poseen una producción
parecida a la nuestra”.
En la misma línea se expresó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),
Carlos Castagnani: “La idea es lograr, entre todos, mediante el diálogo y el consenso, una
Ley de Semillas que sea por 30 años, y evitar las diferentes ideas que quizás no nos
dejaron avanzar”, dijo.
En este sentido, Castagnani explicó porque desde las entidades se oponen al UPOV 91:
“Hay puntos que no estamos de acuerdo. El uso propio es uno, y si bien nosotros
reconocemos la parte intelectual de cada semillero, creemos que el derecho del obtentor
tiene que terminar en la semilla y no más allá, y ese punto, para nosotros, no se discute”.